Quedan pocas horas para que este miércoles el Parlamento de Andalucía inicie previsiblemente -con votos del PP y de Vox- el procedimiento de urgencia para aprobar una ley que legalizará regadíos irregulares en el Parque Nacional de Doñana y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha elevado el grado de sus advertencias en contra de una medida que también rechazan ecologistas, científicos y alcaldes de la zona debido al mal estado y a la sequía que ya afecta a la zona. De llevarse a cabo, ha afirmado que España no solo se enfrentaría al pago de una "cuantiosa" multa por parte de la UE, sino que la Comisión Europea también podría bloquear la llegada de nuevos tramos del Fondo de Recuperación si la Junta insiste en algo que puede considerarse una "provocación" a la obligación que ya se señaló en una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia europeo para mejorar el estado de conservación de Doñana.
"Igual que pasó con Hungría y Polonia y ahora vemos en Italia, la Comisión Europea puede decir que si no se cumplan determinados requisitos de confianza en el Estado de Derecho porque considera que hay una provocación o desafío y bloquee esos fondos", ha dicho Ribera en una entrevista en La Sexta, en la que ha dicho estar "muy enfadada" por la insistencia del Gobierno de Juanma Moreno en un plan que desde el Gobierno central se le dijo hace meses que era "vergonzoso". Durante su intervención, Ribera ha insistido en que el presidente andaluz está actuando con "arrogancia de señorito", defendiendo una ley que supondrá legalizar cientos de miles de hectáreas de cultivos de regadíos, a los que prometerá un agua que, ha recalcado, no está disponible, debido a la preocupante situación de sequía que ya de por sí acusa Doñana y por la que España ya fue condenada por el Tribunal de Justicia de la UE (TUE).
Ribera ha advertido de que la ley sobre Doñana podría llevar a Bruselas a bloquear la llegada del Fondo de Recuperación, algo que de momento ha ocurrido en Hungría y Polonia por aprobar leyes que atentaban contra derechos fundamentales o más recientemente en Italia, donde está en alto la entrega de 19.000 millones por la decisión del Gobierno ultra de Giorgia Meloni de revisar tres medidas de índole económico comprometidas por su antecesor, Mario Draghi.
Según ha dicho, en el caso de Doñana, la Comisión Europea podría considera que desde la Junta de Andalucía se está procediendo a una "provocación", debido a que en estos momentos España consiguió que no se ejecutara una sentencia del TUE de 2021 por las "extracciones desmesuradas de agua subterránea”, a cambio de mejorar el ecosistema de Doñana. Esta, ha dicho la vicepresidenta, sería "la segunda opción, la peor", sobre lo que podría suceder en instancias europeas si, como parece, el Parlamento andaluz termina aprobado la Ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, que legalizará unas 15.000 hectáreas de cultivo de regadío, de frutos rojos y particular fresa.
La primera tiene que ver con el expediente que España tiene abierto por una condena por "el mal mantenimiento de Doñana" que si llegara a ejecutarse supondría que "cada trimestre, el Reino de España tendría que abonar a las ayudas europeas o se detrae de los fondos, una cantidad importante".
"¿Eso quién lo va a abonar, el señor Moreno Bonilla de su bolsillo o todos los españoles?", se ha preguntado Ribera, visiblemente enfadada. "Alguien va a tener que resolver esta papeleta".
Reputación de las fresas
También en el capítulo de consecuencias económicas del plan de la Junta para Doñana, Ribera ha apuntado que la ampliación de regadíos que agoten todavía más las reservas hídricas del Parque Nacional perjudicará a los propios productores de fresas a los que supuestamente el Gobierno andaluz quiere ayudar, porque se crearía un "riesgo de reputación" y, ante la imposibilidad de saber cuáles se cultivan conforme a los recursos existentes y cuáles con la explotación adicional de los mismos, las cadenas de distribuidoras europeas dejarán de comprarlas.
"Va a provocar un problema muy serio para los productores de frutos rojos por parte de las cadenas de distribución europeas, dónde van a ir estas fresas", ha dicho.
Llamó a Moreno
Por otra parte, y en respuesta a los reproches por parte de la Junta de que el Gobierno no les ha escuchado, Ribera ha recordado que hace meses, cuando en la pasada legislatura el gobierno de Moreno y Vox presentaron por primera vez la proposición de ley que hoy se admitirá a trámite en el Parlamento andaluz, habló con el presidente andaluz y le pidió que retirara esta iniciativa.
"Yo llamé al presidente de la Junta cuando Vox le presionaba para que hiciera esto y dijo que eran tonterías y que la Comisión Europea se estaba metiendo donde no le llamaban", ha explicado Ribera, sobre la multa que se cierne sobre España. Cuando, ya sin depender de Vox, el gobierno andaluz volvió a registrar la proposición de ley, Ribera volvió a trasladar a Moreno a través de un consejero autonómico el mismo mensaje y ha acusado a la Junta de volver a utilizar esta cuestión con fines electorales.
"Él pensaba que se iba a quedar en un debate local", ha dicho Ribera sobre Moreno, al que ha acusado de "echar leña al fuego en algo que no tiene ningún recorrido con la intención de ganar unos cuantos votos" porque, ha señalado varias veces, es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y no la Junta quien gestiona el agua de Doñana que, en todo caso, no es suficiente para abastecer a los nuevos regadíos que tendrán derecho a ello con la nueva ley.
"Hay varios títulos competenciales que no les corresponde gestionar y se mente en una proposición de ley que no se puede cumplir en ningún caso. Esto no es una manera seria de hacer política, alguien que está quejándose de problemas de sequia y exigiendo una respuesta y está generando esta expectativa falsa. Es una irresponsabilidad supina", ha recalcado Ribera. "Demagogia y tomadura de pelo a todos".
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